Plataforma Europea por el derecho a la vivienda (2009)

BASAR LA POLÍTICA HABITACIONAL Y LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

Actualización de la Plataforma presentada por la Alianza Internacional de los Habitantes al encuentro informal de los ministros europeos de la vivienda (Marsella, noviembre de 2008)

La cuestión habitacional es g/local

Todos los países de la Unión Europea han ratificado los tratados internacionales y las convenciones que reconocen y protegen el derecho a la vivienda: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.25), el Pacto Internacional de  Derechos económicos, sociales y culturales  (art.11), la Convención sobre los Derechos del Niño  (art.27), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art.14 y 15), la Convención para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales  (art.8),la Carta Social Europea  (art.15, 16, 19,23,30,31), la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea  (art.2, inciso 94).

No obstante este reconocimiento legal de los estados miembros de la UE, frecuentemente reforzado por las constituciones y legislaciones nacionales, a despecho del empeño suplementario de los Estados para el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 7-11, que prevé el mejoramiento de las condiciones habitacionales para 100 millones de personas mal alojadas antes de 2020, y a despecho de la Estrategia de Lisboa por la inclusión social a nivel europeo, el derecho a la vivienda es violado cada vez más.

En otras palabras, sea los Estados miembros de la Unión Europea como la  UE misma, contribuyen al fracaso de estos objetivos mínimos, porque se prevé que la crisis global de la vivienda se agravará. A nivel global, en efecto, hay más de mil millones de personas que están sin techo o mal alojadas, un nivel que está previsto que alcanzará 1.7 mil millones en el 2020.

En Europa la crisis habitacional golpea 70 millones de personas mal alojadas, de las cuales 18 millones bajo desalojo y 3 millones sin techo. Tal número está creciendo en este último tiempo a causa de los efectos de la crisis financiera global, que está haciendo perder las viviendas a nivel europeo a cerca  de 2 millones de familias por morosidad en el pago de la hipoteca.

Estas personas se encuentran excluidas del mercado habitacional y faltan políticas sociales adecuadas. Ni los Estados miembros, ni la autoridad local, están en grado de ofrecer por ellos mismos soluciones satisfactorias al problema.

En efecto, la crisis se agrava por la libre circulación de inversiones especulativas dentro de la UE (inclusive los Private Equity Fund, bancos de inversión, nuevas sociedades de inversión inmobiliaria y titularizaciones de las hipotecas), de las privatizaciones del sector habitacional público y social, de la mercantilización del mercado habitacional, también de la mayor parte de  los nuevos Estados miembros, de las migraciones y de los asentamientos urbanos no equilibrados, de la expulsión de las clases populares, de los proyectos de desarrollo urbano orientado hacia las empresas y el turismo, de la expansión urbana a favor de la burguesía, de las políticas orientadas  hacia el acceso a la propiedad, teniendo como resultado una enorme profundización de la desigualdad y la segregación social intraurbana.

El resultado es un aumento exorbitante del déficit de viviendas dignas y accesibles en lo que concierne  a los  precios y al alquiler, con disminución en la seguridad de la tenencia en los contratos, con un mayor riesgo de deuda respecto a las hipotecas, con amenaza de desalojo y de otras formas de acosos inmobiliarios que golpean a los jóvenes, ancianos, desocupados, pobres, inmigrantes, pero también a las familias de la clase media.

Esta situación lleva a lo opuesto de la inclusión social: marginación, precarización y segregación social; desarrolla la desigualdad, la especulación y la corrupción.

Esta desigualdad se profundizará hasta cuando la redistribución de las riquezas será reservada para los ricos y para los especuladores.

Las consecuencias no pueden ser afrontadas por los Estados miembros, a causa del recorte presupuestario impuesto por mecanismos de control del euro y  las políticas monetarias del Banco Central Europeo, de la baja imposición fiscal impuesta por las políticas de mercado de la UE, de los altos costos para mejorar el estándar en los nuevos Estados miembros, de la globalización de los mercados financieros y del trabajo y del nivel de integración económica que el mercado europeo ya ha realizado. Sin la redistribución de los recursos  necesarios, no es mucho lo que pueden lograr quienes, a menudo, en un nivel subnacional descentralizado, tienen la responsabilidad de las políticas urbanas y habitacionales a nivel estatal.

El fracaso del enfoque liberal de la UE al problema habitacional.

Mientras una competencia total de la UE en materia habitacional no es aceptada unanimente, todos concuerdan con el hecho de que muchos aspectos del problema urbano y habitacional son determinados por las políticas de la UE. Y que esta invasión no satisface para nada las necesidades habitacionales.

En efecto, en lugar de trabajar a favor del reconocimiento de políticas europeas para el derecho a la vivienda, la Comisión europea refuerza el aspecto mercantil del alojamiento a través de las Directivas sobre la construcción, la aseguración, las convocatorias, las tasaciones, los fondos FEDER y de la BEI, los programas urbanos etc.

La DG Competencia  está haciendo grandes incursiones también en el sector habitacional público en varios países. Por ejemplo, criticando el sistema de inversiones del sector en Francia (Libreta Postal “A”), exigiendo en Holanda la privatización del sector cooperativo público, criticando las ventajas fiscales de las asociaciones comunales suecas para la vivienda, favoreciendo las  emisiones de acciones libres de impuestos en los capitales por parte de las compañías alemanas habitacionales; obligando a las autoridades locales a vender los terrenos comunales según las reglas de la competencia, etc. 

Al mismo tiempo, el Parlamento europeo ha votado la Directiva Bolkensten, considerando la liberación de los servicios públicos, excluyendo solamente el sector habitacional caritativo: esto quiere decir la muerte del sector habitacional público como alternativa general al mercado libre. 

Reclamar el derecho a la vivienda como base para la Europa que deseamos

En vista del fracaso del enfoque neoliberal, las organizaciones sociales que obran en el campo de la vivienda  han presentado a los gobiernos y a la Unión Europea una serie de propuestas para la promoción de políticas de coordinación entre las Naciones miembros de la UE, junto a un proceso de refuerzo de las competencias de los órganos de la UE.

Ya que no tiene sentido una Europa basada en los mercados, sino más bien en las pueblos y los derechos, de que vengan o menos aceptados dependerá la adhesión al proceso de unificación europea.

a)     Reconocer claramente el derecho a la vivienda en la constitución de la UE

1.       La UE debe adoptar oficial y totalmente los Convenios Internacionales (Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, etc), los organismos públicos, incluida la Comisión Europea, deben respetar las obligaciones legales y las responsabilidades producidas implementando políticas basadas sobre tales derechos a todos los niveles.

2.       La UE tiene que adoptar Directivas  que consientan la defensa  judicial del derecho a la vivienda a favor de los sin techo y de los mal alojados, con la garantía legal y ejecutiva de poder tener acceso a una vivienda segura y digna.  Si los Estados no pueden ofrecer viviendas dignas, los sin techo deben tener el derecho a vivir en las viviendas desocupadas  de las que el sector público asuma el alquiler.

3.       La UE debe adoptar Directivas a nivel europeo para reforzar las normas jurídicas que favorezcan el derecho a la vivienda, poniendo a disposición de todos los Estados miembros, los medios más eficaces.

Por ejemplo:

• Políticas  legales y garantías públicas  para que los contratos de alquiler sean justos y seguros
• Políticas legales ligadas al cálculo de los precios del alquiler y de los gastos anexos, que garanticen el derecho a reducciones en los casos en que sean incumplidos los contratos.
• Políticas legales para contrastar el  acoso inmobiliario.
• Prohibición de desalojo sin que haya posibilidad de realojo. Según el artículo 11 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, apoyado por las Observaciones generales N. 4 y 7, deben prohibirse los desalojos que no contemplen otras posibilidades dignas, seguras, accesibles y de común acuerdo con las personas afectadas. Los desalojos ilegales, así como otras formas de violentas presiones tienen que ser perseguidos públicamente como crímenes.

b)  Lanzar un New Deal para la cohesión social gracias a un Servicio Europeo Público de Vivienda

1. La UE, así como los Estados miembros, tendrían que desarrollar un nuevo marco referencial para un Servicio Europeo Público de Viviendas , que incluya el sector de las organizaciones sin fines de lucro, así como el social y el cooperativo. Los diferentes tipos de sociedades para las viviendas no comerciales (según las circunstancias de cada país) que procuran viviendas dignas y de fácil acceso, y que respetan el marco de la UE con un trámite social y democrático, tienen que gozar del apoyo público, como rebajas fiscales o subvenciones, sin crear contradicciones con las reglas europeas.

2. Teniendo en cuenta que el 40% de energía viene utilizada por las viviendas, es necesaria una política europea para viviendas con consumo cero, es decir, que produzcan la misma cantidad de energía que consumen, anticipando el límite,  aprobado recientemente por el Parlamento europeo, del 2018.

3. La UE, así como las Estados que la forman, tienen que desarrollar programas coordinados para invertir en políticas para la vivienda accesible y digna.

Estos proyectos deben permitir:

• Enfrentar el déficit habitacional: construyendo, recuperando o comprando, como mínimo, 18 millones de viviendas en un plazo de 5 años.
• Para mejorar el plan energético en los edificios existentes, desde el sector sin fines de lucro: establecer para el 2010 una Directiva  europea para viviendas a consumo cero.
• Para subvencionar el plan de viviendas: la UE tiene que desarrollar un Fondo de cohesión para la vivienda concreto, que podría ser financiado por el impuesto nacional contra la especulación económica e inmobiliaria (ej.: a las transacciones inmobiliarias, a las viviendas vacantes y a los terrenos sin cultivar a causa de la especulación, a los edificios transformados en áreas comerciales, a los los inmuebles de lujo), además de los Fondos de Estructurales Europeos.  

c) Detener la privatización, la comercialización y la descontrol del sector habitacional    

El sector habitacional público tiene que estar totalmente fuera de la Directiva  Bolkenstein sobre la liberalización de los servicios públicos de interés general.

• Los países miembros tienen que detener inmediatamente las privatizaciones en el sector habitacional público  y desarrollar  alternativas dentro de un nuevo servicio habitacional público europeo, incluyendo el nuevo sector sin fines de lucro. 

• La introducción de nuevos grupos de inversión  inmobiliaria a nivel local o a nivel europeo  (REIT) debe  ser detenida. En su lugar la UE tiene que crear un tipo de subvenciones bajo el control público.
• Es necesario reforzar  el control público, la legislación y la fiscalidad de las REITS ya existentes, para que exista mayor transparencia pública, garantizando un capital adecuado para satisfacer una gestión sostenible de la propiedad, de modo que se reinviertan en viviendas en construcción o ya existentes. Así se facilitaría el pasaje de las herramientas financieras en assets menos especulativos, mejor aún, en estructuras de ayuda económica a la vivienda, como los Housing Finance Trust.
• Tienen que ser eliminados los productos especulativos, sobre todo los que incrementan el riesgo de hipotecar las viviendas.  

d)     Garantizar la sustentabilidad de los gastos de vivienda 

• La UE debe desarrollar un plan que asegure que en todos los países miembros los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca, más los gastos para los servicios) no superen una cierta parte de las ganancias del núcleo familiar. El interés máximo tiene que fijarse según el rédito. Para ciertos núcleos con ingresos medios, un tipo de porcentaje, que debe ser evidentemente inferior para los más pobres. Estos pagos nunca tendrían que condicionar a las personas, de modo que no  puedan encontrarse bajo el umbral de pobreza.
• Entre las posibles medidas para reducir los gastos de alojamiento está el proveer viviendas públicas y sociales, normas jurídicas, controlar precios y alquileres, las tarifas sociales, las subvenciones directas a los mas pobres, la introducción de la renta mínima, el crédito público a porcentaje reducido para poder invertir en viviendas, las inversiones públicas y las ayudas para mejorar la eficacia de las redes de la energía y del agua, la optimización  de las nuevas infraestructuras, la transparencia de los gastos del servicio público y, naturalmente, procurar una cantidad suficiente de viviendas dignas y accesibles.
• El welfare social  y los ingresos para los desempleados deben garantizar como mínimo el pago de una vivienda digna según las normas locales, sin discriminar ni segregar. La parte de las ganancias destinadas a la vivienda debe estar bajo el control de los habitantes que tienen que ser libres de elegir y poder cambiar su domicilio. 

e)      Sostener la creatividad y la inclusión social de los habitantes 

• La UE tiene que actuar un programa que sostenga el desarrollo de soluciones para viviendas alternativas y proyectos que experimenten una nueva forma de viviendas publicas, sensibles a la integración multicultural y a las problemáticas de segregación social, en partenariado con las autoridades locales, la sociedad civil y las ayudas económicas sociales, por ejemplo las cooperativas de habitantes de propiedades colectiva, las comunidades de autoconstrucción y auto recuperación de viviendas.
• Este programa tiene que apoyarse con un intercambio, entre las redes, en el estudio internacional, hacia una Europa con el derecho a la vivienda completamente en vigor.
• La UE debe promover el desarrollo de las leyes para que la sociedad pueda aprovechar de los inmuebles abandonados y apoyar su recuperación.
• Con esta finalidad, no deben ser considerados como crimines las ocupaciones, las oposiciones al desalojo y las huelgas de los alquileres.