El pasado jueves, 13 de noviembre de 2014, el barrio Corinto de la localidad de Suba (Bogotá D.C.) presenció cómo en sus calles se desplegaba nuevamente la maquinaria policial para el desarrollo de una diligencia de desalojo. Sin embargo, jamás se había visto semejante operativo, que incluía 3 tanquetas, cerca de 300 agentes de la policía entre ESMAD y Fuerza Disponible, 2 camiones de bomberos, así como decenas de funcionarios de instituciones locales y distritales. Desde tempranas horas de la mañana, rondaban policías motorizados del cuadrante. Luego, las calles de nuestro barrio fueron tomadas por un descomunal despliegue de fuerza por parte de la Policía e incluso realizaron un acordonamiento de cinco cuadras a la redonda, impidiendo la libre movilidad de la comunidad así como el acceso de medios de comunicación alternativos.

Semejante operativo era coordinado por el INSPECTOR 11C DISTRITAL DE POLICÍA DE BOGOTÁ, JORGE HUMBERTO CELY SIERRA, en contra de una familia víctima de los mercados hipotecarios y sus préstamos de carácter leonino. Un operativo en contra de una casa que hoy se viene haciendo referente en la exigencia de vivienda digna, en la denuncia de los atropellos que se cometen en el desarrollo de diligencias de desalojo y en la construcción de unidad en los barrios populares. Es así como desde hace unos meses viene consolidándose la CASA CULTURAL 18 DE DICIEMBRE. Y el pasado 13 de noviembre, diversos colectivos y procesos sociales se hicieron presentes en la Casa Cultural para realizar una acción solidaria de defensa de este escenario y del derecho a una vivienda digna.

Las autoridades, desconociendo que deben “utilizar el mínimo de fuerza con el objetivo de evitar vulneración en los derechos de los desalojados” (Sentencia T-527/11 de la Corte Constitucional) y que el “orden público, en el Estado social de derecho, es entonces un valor subordinado al respeto de la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos” (Sentencia C-024/94) no ahorraron esfuerzos para llevar semejante maquinaria policial, desdibujando por completo la voluntad de paz de la que tanto presume el Gobierno nacional. Ni siquiera cuando el presidente Santos estuvo a unas cuadras de esta casa, demoliendo una “olla”, se desplegó semejante pie de fuerza. Y si los Derechos Humanos “constituyen entonces el fundamento y el límite de poder de policía” (Sentencia C-024/94), ¿qué explicación tiene la presencia de tantos agentes de la Fuerza Disponible e incluso del ESMAD ante la programación de un desalojo?

Ni siquiera sus propios instructivos la Policía Nacional obedece, pues en el INSTRUCTIVO No. 008, del 8 de febrero de 2010, el Mayor General Orlando Páez Barón, Director de Seguridad Ciudadana, señala que en “cumplimiento a la orden emanada por el señor Mayor General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Director General de la Policía nacional es difundir a los señores oficiales comandantes de Metropolitanas y Departamentos de la Policía Nacional con respecto a la no utilización de Escuadrones Móviles Antidisturbios ESMAD; para restitución, embargos o desalojo de viviendas en zonas urbanas […] “nombrar el ESMAD para este tipo de procedimientos genera una mala imagen institucional ya que las personas que ocupan dichas viviendas son familias; generalmente apoyadas por niños niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores” cuando lo que se pretende es defender los derechos y libertades de las personas así como el patrimonio público y del estado”.

Con este tipo de hechos, el Estado claramente expresa cómo su papel de garante y proveedor de vivienda digna al pueblo colombiano ha sido reemplazado por el de facilitador de los mercados inmobiliarios y financieros, al servicio entonces de los negocios de grandes grupos empresariales y carteles del remate, promoviendo el despojo a través de las ejecuciones hipotecarias y la mercantilización de la vivienda, agravando las desigualdades en el acceso a ésta. El Estado no puede seguir atentando en contra de la vida digna en nuestros barrios, con el desarrollo de brutales operativos para el desarrollo de diligencias de desalojo. Las calles de nuestros barrios no tienen por qué presenciar semejante desfile de fuerzas represivas para el despojo, ni las familias tienen por qué ser amenazadas, amedrentadas y humilladas por ser víctimas de las inclemencias de un régimen social y económico al servicio de los mercaderes de la vivienda.

En consecuencia, desde la Casa Cultural 18 de Diciembre, las diferentes organizaciones y procesos sociales que hemos confluido por la defensa del derecho a una vivienda digna y en contra de los desalojos, denunciamos el abuso de autoridad por parte de la Inspección 11C Distrital de Policía de Bogotá al desplegar un desmedido operativo para el desarrollo de una diligencia de desalojo, que si bien fue suspendida, puso en riesgo la integridad de quienes habitamos la casa y el barrio; la presencia injustificada y amenazante del ESMAD y la Fuerza Disponible de la Policía en nuestro barrio; las calumnias proferidas por parte de agentes de la Policía, que decían a la comunidad que nuestra casa “es una olla” o que quienes nos encontrábamos reunidos para defender la casa “son los mismos que quemaron un bus del SITP en la Universidad Pedagógica”; el abuso de autoridad al impedir la libre circulación en nuestro barrio y al amenazar a los comunicadores alternativos presentes de quitarles sus cámaras; y los señalamientos realizados en contra de quienes legítimamente defendemos nuestra casa. Exigimos así el respeto a los Derechos Humanos y la materialización de la voluntad de paz por parte del Estado; la investigación y la prohibición de desproporcionados operativos como los realizados en nuestra contra por parte de la Inspección 11C Distrital de Policía de Bogotá, el 18 de diciembre de 2013 y el 13 de noviembre de 2014; se garanticen los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; la prohibición del uso del ESMAD y la Fuerza Disponible en el desarrollo de diligencias de desalojo; y el avance en la construcción de políticas públicas de vivienda digna y por la eliminación de todo tipo de desalojo, cimentadas en la justicia social y ambiental.